Amor a primera vista

Amor a primera vista

Jueves, marzo 30, 2017

#historiasUCU

Martín Risso, director del Departamento de Derecho Constitucional y DDHH, cuenta su experiencia vocacional y profesional con el Derecho Constitucional, y reflexiona sobre su labor como divulgador

Se declara “enamorado a primera vista” del derecho constitucional, aun cuando se formó como abogado en plena dictadura, una época en la que esta asignatura era casi anecdótica. Hoy, el Dr. Martín Risso dirige el Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica del Uruguay (UCU), desde donde continúa profundizando en una temática en constante evolución, que obliga a la formación permanente. Por esta naturaleza dinámica del derecho, Risso no duda en afirmar que la enseñanza de esta disciplina está en crisis, estancada en un modelo que ya no es capaz de responder a las demandas coyunturales. En esta entrevista, Risso reflexiona sobre los desafíos de su labor, la los aprendizajes que marcaron su trayectoria y la responsabilidad ciudadana que tiene como experto en materia constitucional, entre otros temas.

¿Por qué decidiste especializarte en derecho constitucional y derechos humanos?

Estudié Derecho en la Universidad de la República, durante la dictadura. La percepción que teníamos los estudiantes era que Derecho Constitucional era una materia absolutamente anecdótica. Pese a eso, me gustó siempre, era una materia postergada en la realidad, pero no en la universidad. Aunque quizás en el día a día el abogado no lo usa mucho, el derecho constitucional está en los grandes temas. Cuando hay una discusión sobre decisiones políticas, de los gobiernos, está el tema constitucional, así como en los temas de derechos humanos, que son los más delicados. Por ejemplo, si mirás CNN, estas últimas semanas han sido un desfile de constitucionalistas explicando por qué es inconstitucional el decreto de Trump que limita el ingreso de ciudadanos de determinados países a Estados Unidos. Entonces, es una materia que es la base de todas las demás. Eso fue lo que siempre me gustó y lo que más me atrajo.

En la actualidad tenemos un desafío importante: como el derecho constitucional evolucionó mucho en las últimas décadas, se nota en Uruguay una dificultad bastante clara para resolver casos de derechos humanos. Los operadores jurídicos uruguayos, salvo los abogados más jóvenes, no están preparados para resolver ese tipo de casos. Eso lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la UCU: tenemos un seminario anual en el que participan jueces, abogados y fiscales, donde nos focalizamos en distintos casos para ver cómo se resuelven, cómo son las técnicas; tratamos de contribuir a que se puedan mejorar las insuficiencias que existen en esta materia.

Mencionabas que Derecho Constitucional fue una materia relegada en época de dictadura. ¿Cómo era estudiar esos temas en aquella época? ¿Qué se debatía? ¿Cuáles eran las preocupaciones?

Había profesores y profesores. En aquellos tiempos fui estudiante del Dr. Eduardo Esteva, que daba la Constitución como se tiene que dar y agregaba las normas de la dictadura, por supuesto. La Constitución la estudiábamos, sin lugar a dudas, lo que pasa es que para los estudiantes y para los abogados de aquella época, en el ejercicio profesional, la Constitución no era relevante, era un dato de la realidad, una categoría de segundo nivel, anecdótica. Esa fue una de las causas por las que la mayoría de los abogados de mi edad, o que estudiaron en esos años, no tienen una buena base en derecho constitucional. No es que se enseñara mal, sino que no se le prestaba atención.

¿Qué cosas de las que aprendiste durante tu formación te parecieron más importantes, como para transmitir luego desde tu rol docente?

Tuve un problema de amor a primera vista con el derecho constitucional. Ya en mis primeras clases con el profesor Aníbal Barbagela supe que era lo que me gustaba. Lo que siempre me atrajo y me sigue atrayendo, pese a todos los cambios que ha habido, es el Estado de derecho: por qué tiene que haber un Estado de derecho; por qué es la mejor opción para cualquier sociedad, con todos los problemas y dificultades que tiene. Es complicado, no es un tema formal, hay que profundizarlo, el Estado de derecho va cambiando rápidamente y es un tema que requiere una gran actualización.

Por otra parte, siempre me intrigó, me preocupó, conocer cuáles eran los límites al gobierno. Siempre me sentí gobernado, nunca gobernante. Entonces, para mí era muy importante saber cuáles eran los límites. Por ejemplo, si nos quieren aplicar un decreto como el de Trump, ¿los jueces deben reaccionar? Ahí aparecen el principio de separación de poderes, la descentralización territorial y los temas de derechos humanos, que son el límite último que tienen los gobiernos. Eso es lo que tiene el derecho constitucional: la defensa del ciudadano frente a los gobiernos.

¿Qué ha sido lo más desafiante de tu rol como director del Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UCU?

Los desafíos nos los va imponiendo el entorno. Hace unos años, cuando apareció la sentencia Gelman*, hubo una explosión cultural en Uruguay. La gente no entendía lo que era, decían cosas increíbles… porque una cosa es decir “me gusta” o “no me gusta”, pero se decían verdaderos errores. Ahí enfrentamos un desafío, durante casi dos años, que encaramos mediante la organización de varios seminarios temáticos, en los que invitamos a especialistas extranjeros, y la publicación de más de un libro o revista. Tratamos de abrirnos a la comunidad jurídica para que empezaran a entender algo que era muy novedoso y que, por eso mismo, generaba resistencias.

Esa fue una iniciativa muy exitosa. Cuando apareció la sentencia se decían cosas terribles como “¿Y quiénes son estos tipos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?” o “Eso no es obligatorio”. Creo que ahora nadie dice “¿quiénes son estos tipos?”. La Corte es un órgano jurisdiccional internacional prestigioso —lo que no quita que uno pueda estar o no de acuerdo con determinada sentencia—, sus líneas jurisprudenciales son muy buenas, muy sólidas, hay que conocerlas. Capaz que algunas no nos convencen, pero en general sí nos van a convencer. Ya nadie dice que sus sentencias no son obligatorias, eso ya no lo sostiene absolutamente nadie. Hicimos ese proceso y fue un tema muy impactante, donde se vio un cambio en la realidad.

Por otro lado, estamos haciendo distintos tipos de seguimiento de jurisprudencia. Ahora tenemos una línea de investigación en sentencias sobre responsabilidad del Estado, que es un tema que tiene menos visibilidad, es más académico, pero puede tener interés para algunos jueces de determinadas áreas.

Y después otro objetivo, desde hace varios años, es el de trabajar —no enseñar, sino trabajar— con jueces, abogados o fiscales en la resolución de casos. Incluso he hecho una cosa espantosa que es escribir un libro sobre cómo se deben resolver los casos de derechos humanos. Vamos a ver qué respuesta tiene, porque es un libro muy chiquito pero muy complicado.

¿Por qué?

El problema es así: yo no hago derecho penal, pero puedo leer en la prensa que una persona entró en una ferretería con un arma, robó el dinero y salió, y a la media cuadra el dueño de la ferretería le pegó tres tiros por la espalda y lo mató. Como abogado, aunque no sepa nada de derecho penal, igual tengo un enfoque jurídico: ¿es defensa propia? ¿cuál es la proporcionalidad? Lo analizo con un criterio jurídico. Otro caso: una persona no puede pagar un contrato, firmó un contrato y no lo puede pagar. Todos los abogados lo razonamos en términos jurídicos: sabemos que si la parte A cumplió con sus obligaciones, la parte B tiene que cumplir y pagar. Cuando nos enfrentamos a casos de derechos humanos el tema cambia: es libertad absoluta. Todo el mundo los encara como quiere.

Hay un concepto que se denomina preinterpretación, que implica que el operador jurídico nunca resuelve un caso en un estado de pureza intelectual, siempre trae ideas políticas, filosóficas, religiosas, preferencias personales, simpatías, antipatías. En Uruguay los casos de derechos humanos son resueltos en clave de preinterpretación, entonces hay 25.000 respuestas posibles. Hay que trascender la preinterpretación y llegar a la interpretación jurídica, que también puede generar varias posiciones, pero serán tres o cuatro, con argumentos jurídicos. Actualmente hay un déficit muy importante en esta área, y es ahí donde queremos colaborar. Queremos que el operador jurídico pueda dar el siguiente paso y que, como con los casos de un delincuente asesinado o de un incumplimiento contractual, sepa cómo actuar.

En derecho constitucional, los dos grandes modelos mundiales desde hace 200 años son Alemania y Estados Unidos. En Alemania usan muchos procesos; hay procedimientos de análisis que les funcionan fantástico. Ahora bien, es un procedimiento que se adapta a la cultura alemana y a la mentalidad del abogado alemán. ¿En América qué tenemos? Nada. Entonces es un caos absoluto, aunque se pueden encontrar desarrollos interesantes por distintas vías. Lo que estamos tratando en la Universidad con este libro —que vamos a ver cómo me salió— es situarnos en un punto medio. No vayamos a la rigidez de los procedimientos alemanes, pero tampoco caigamos en tierra de nadie. Hay pautas, hay criterios, hay pasos que son necesarios en un análisis jurídico. Eso no va a implicar que todos lleguen a la misma decisión, siempre podrá haber dos, tres o cuatro opiniones distintas, pero van a ser opiniones jurídicas.

Recientemente coordinaste la publicación de un libro sobre la Constitución de 1967. En un marco en el que es frecuente, al menos en Uruguay, la discusión sobre una posible reforma constitucional, ¿qué aprendiste de esa tarea?

Lo que descubrí, que no sabía antes, es que no existe un concepto de Constitución en Uruguay, sino que incluso entre abogados existe una cantidad de concepciones distintas de lo que es una Constitución. En Uruguay tenemos una serie de ventajas sociológicas, casi mitológicas, para un Estado de derecho. Una de ellas es que la gente confía en la Constitución. Si se le pregunta, la gente dice que la Constitución es buena, y si se acusa a alguien de violarla, la reacción popular es que eso está mal. Eso es muy importante.

Otra cosa que vi es que hay un concepto muy jurídico de la Constitución, muy básico, y que por eso nos perdemos una cantidad de aspectos que son tan importantes como el jurídico o como los otros.

A la Constitución, por definición, no hay que cambiarla. Ese es el punto de partida. La Constitución tiene eso: está por encima de todos, está por encima de los partidos políticos. Nuestra Constitución está en vigencia real, efectiva, desde 1985. De todas las de nuestra historia, es la única que ha regido de forma ininterrumpida por tanto tiempo. Nos permitió atravesar la dictadura, salir de la dictadura y siguió respondiendo. Ha permitido que gobiernen tres partidos; claramente está por encima de los partidos. Es una Constitución que recoge toda la regulación de los derechos humanos en forma satisfactoria; tiene un artículo mágico, el artículo 72, que permite entrar a todo el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en definitiva: es una buena constitución, no la toquemos.

Por tu especialidad, es frecuente que los medios de comunicación te convoquen para hablar sobre distintos temas de actualidad vistos desde el derecho constitucional. ¿Cómo vivís ese rol como vocero? ¿Es una responsabilidad, una carga?

No. Hice toda mi formación docente con Horacio Cassinelli Muñoz y, entre todo lo que me enseñó, él siempre decía una cosa: que todo aquel que se especializa en un tema tiene la obligación ciudadana, cuando es requerido, de colaborar con su ciencia para que la gente entienda los problemas y pueda sacar sus propias conclusiones. Eso me pareció evidente, y un día me empezó a tocar hacerlo. En general lo veo como un desafío personal, porque es muy distinto hablar en la universidad que hablar para un medio. Implica repensar los temas que de repente uno sabe desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se los explico al que no entiende? ¿Y cómo explico que, en la mayoría de los casos, no hay una solución, sino que se abren distintas visiones? Entonces, a veces es muy difícil, otras veces es más fácil, pero a mí me gusta mucho.

Por tu experiencia en la labor docente, en los temas de discusión y también debido a la coyuntura actual, ¿cuáles considerás que son los desafíos que enfrentarán los abogados en los próximos veinte años?

Tienen que estar preparados para saber que no sabemos qué es lo que viene. Entonces, cada vez son más importantes los principios generales, los conceptos generales, entender en profundidad las distintas ramas y asumir que lo que decimos hoy, dentro de diez años seguramente no va a ser válido. Estamos en 2017, y en derecho constitucional un libro del siglo veinte —salvo algún trabajo monumental de un autor muy encumbrado— ya no sirve. Una sentencia del siglo veinte ya no sirve absolutamente para nada. Ante esa realidad, si me preguntás qué va a pasar dentro de veinte años, no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé, y me parece que todos tenemos que tener conciencia de esto, es que los cambios pueden ser para bien o para mal. Entonces, creo que todos tenemos que participar en el proceso de opinar, de discutir, y tratar de que efectivamente los cambios sean para bien. Si analizamos la evolución de nuestras constituciones, tenemos claros casos que significaron avances, y también tenemos retrocesos. Hay que participar para que eso que todavía no sabemos cómo va a ser tenga las mejores respuestas y no las peores.

María Inés Nogueiras

* Caso Gelman vs Uruguay (2011) por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de Macarena Gelman García. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf

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