La reforma de la “Responsabilidad Decenal” de arquitectos y empresarios

La reforma de la “Responsabilidad Decenal” de arquitectos y empresarios

Viernes, febrero 1, 2019

Nota del Dr. Carlos de Cores sobre los cambios en el Derecho Civil*

La Ley N° 19726, de 12 de diciembre de 2018, promulgada por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre de 2018, determinó una importante modificación al régimen de la llamada “responsabilidad decenal” de arquitectos y empresarios por la construcción de edificios, contenida en los artículos 1844 y 1327 CC.

Si bien los cambios producidos por la reforma no serán inmediatos - en el sentido que la nueva reglamentación se aplica a los contratos de construcción que se celebren con posterioridad a su vigencia, por lo cual la disciplina de los vicios en la construcción ya realizada y la que se encuentra en curso a la fecha continúan rigiéndose por el sistema anterior - el nuevo texto cambia algunos puntos importantes de esta responsabilidad civil que impacta en un sector como el de la construcción, que es de los más dinámicos y relevantes para la convivencia civil.

El artículo 1844 CC establecía una responsabilidad muy severa para los arquitectos y empresarios por ruina de edificios debida a vicios de la construcción, vicio del suelo o mala calidad de los materiales. La severidad consistía en que la responsabilidad subsistía durante diez años a partir de la entrega de la obra, no se permitían cláusulas en contrario y tampoco se admitía al responsable exonerarse por la razón de que los materiales hubiesen sido proporcionados por el comitente. Si el artículo se hubiese venido aplicando estrictamente, no se hubiese planteado problema alguno. La esencia de la cuestión es que este artículo, previsto para la “ruina” - que en el significado común y general se asocia con el derrumbe e implica riesgos para la seguridad física de las personas, partes y terceros - se venía aplicando extensivamente a situaciones que no implicaban ruina “estructural” sino también “funcional” (es decir, a situaciones en las que el edificio, debido a los vicios, no cumple la función a la cual se entendía destinado) e incluso, en virtud de la llamada “ley de construcciones” N° 1886 de 8 de julio de 1885, a todos “los defectos que en la obra se noten”, por lo cual los responsables se encontraban en una situación de responsabilidad agravada por cualquier defecto que se evidenciara dentro de diez años de entregada la obra, y una vez aparecido el vicio, la acción se conservaba durante los veinte años de la prescripción ordinaria.

Ello motivó que, desde larga data, los profesionales de la construcción, y sobre todo los arquitectos, hicieran esfuerzos para modificar esa situación. Ello determinó que en diciembre de 2016 la Sociedad de Arquitectos del Uruguay presentase al Parlamente un proyecto de ley. En el trámite parlamentario se solicitó asesoramiento a las universidades del país, y se realizó un trabajo coordinado y consensuado incluso con la Sociedad de Arquitectos que culminó en la concreción de modificaciones al proyecto original. Dicho proyecto a su vez recibió importantes modificaciones en el trámite parlamentario.

En síntesis, la nueva reglamentación prevé tres franjas de responsabilidad de diferente gravedad.

Una primera franja refiere al caso de “ruina estructural o funcional” (“defectos o vicios que, ya sea en todo o en parte, afecten su estabilidad o solidez o lo hagan impropio para el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso a que normalmente se destina”). Esta es la antigua responsabilidad decenal propiamente dicha, extendida a la ruina funcional, que no permite pacto en contrario, no admite exoneración por la razón de vicios de los materiales suministrados por el comitente, y se extiende por diez años a contar de la entrega.

Una segunda franja queda establecida en relación con “los demás defectos o vicios ... que sólo afecten elementos de terminación o acabado de las obras”, que se extiende por dos años desde la entrega.

Y una tercera franja, que es conceptualmente residual, que comprende “los demás defectos o vicios”, que se mantiene durante cinco años desde la entrega. Seguramente ésta es la franja donde se ubica la mayor potencialidad litigiosa.

El régimen de responsabilidad de la segunda y tercera franjas es igual: la ley dice que “la exoneración de responsabilidad podrá fundarse en cualquier causa no imputable a los sujetos indicados”. La referencia a “cualquier causa no imputable”, en lugar de la originalmente señalada “causa extraña no imputable”, genera dudas sobre la naturaleza de la responsabilidad correspondiente a esta segunda franja.

Asimismo, se generan dudas sobre si es posible el pacto de exoneración o limitación de responsabilidad en estas dos últimas franjas, ya que la ley nada dice. Los antecedentes parlamentarios permitirían deducir que el régimen de orden público (que impediría los pactos de exoneración o limitación) se aplica a todo el artículo.

Otros cambios importantes son: 

  • Se incluye legalmente como origen de los vicios que dan lugar a la responsabilidad a los defectos de cálculo y a la incorrecta dirección de la obra, y a los ingenieros y constructores como legitimados pasivos. Ello ya venía siendo admitido por la jurisprudencia.
  • El derecho a exigir la responsabilidad se extiende a los sucesivos adquirentes de los edificios. Esta era también la posición mayoritaria de la jurisprudencia, pero la ley consagra una solución inequívoca. 
  • El plazo de prescripción se acorta de veinte años a cuatro, desde que se manifestó el vicio o defecto, ya se trate del supuesto contractual o extracontractual. 
  • Se deroga expresamente los artículos 35 y 36 de la ley de construcciones No. 1816 de 8 de julio de 1885, referida más arriba.  

El Dr. Carlos de Cores es director del Departamento de Derecho Privado y de la Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Civil Contractual de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

* Las opiniones expresadas en el presente artículo son de responsabilidad exclusiva de su(s) autor(a)(es). Por permitir su publicación la Universidad Católica del Uruguay no necesariamente comparte lo allí expuesto

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