Los pronósticos a examen

Los pronósticos a examen

Miércoles, junio 12, 2019

Hace ya un considerable tiempo, el Derecho penal ha dejado de ser el instrumento orientado, con celosa exclusividad, al reproche de los comportamientos humanos lesivos de bienes jurídicos individuales y tangibles, que alguna vez fue —¿alguna vez en verdad lo fue? 


El Derecho penal de nuestros días, en plena crisis de identidad, incursiona —en ciertas ocasiones, repentina e irreflexivamente; en otras, con tardanzas inexplicables— en terrenos insospechados para los penalistas liberales de la Ilustración. La sola mención a la recurrente tentación legislativa de crear delitos de peligro abstracto —castigando así las meras desobediencias—, a la par del abuso (en ciertas legislaciones) del recurso a las figuras de tendencia interna trascendente, y a otras, que tutelan bienes jurídicos supraindividuales más o menos etéreos (algunos con función representativa y otros que ni eso), la temida protección penal del medio ambiente y la dispar criminalización del mundo de los negocios y del cibercrimen, sumado al advenimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los desplazamientos de cargas de vigilancia hacia los particulares, y la creación —a veces por vía interpretativa, con fórceps, y por medio de verdaderas proezas argumentales— de nuevas y más exigentes posiciones de garante, son muestra del variopinto elenco de problemas actuales.

Mientras la comunidad científica se dedica, y no sin motivos, a discutir el Derecho penal del futuro (lo que pretende llevar a cabo con el acopio de serenidad que la materia exige); en otro campo, y como si de otra disciplina se tratase, se ha abierto un debate trascendental que amenaza con poner en entredicho unos determinados valores sociales elementales y caracterizantes de nuestra vida en común.

Se advierte el funcionamiento de una maquinaria que coloca presión sobre el sistema de justicia, reclamándole al Derecho penal que preste unas funciones y que cumpla unos objetivos que le son estrictamente inalcanzables, por impropios. Y, tras cartón, se vuelve en su contra y le reprocha cuando –como no podía ser de otro modo— no logra alcanzarlos.

 Estas corrientes, que no son ideológicamente neutras —sino que en tanto neopunitivistas e inocuizadoras están reñidas con una concepción humanista del Derecho—, se alimentan de un creciente miedo al delito y cosechan adeptos varios entre quienes sufren el desencanto derivado de los resultados que el Derecho penal consigue en materia de reducción de la criminalidad –o antes bien, de la ausencia de ellos—.

La discusión se ha descentrado, y parecen haberse perdido los puntos de referencia. ¿Cuándo claudicamos ante la ilusoria creencia que el Derecho penal atacaba eficazmente las causas del delito? 

La academia (no solo la penal) ocupada en combatir el avance del expansionismo hoy aparenta estar pagando el precio de haber descuidado una discusión filosófico-política y moral más cara, y de jerarquía aún más elevada: ya no el debate de qué castigar, sino el por qué y el para qué hacerlo, en una sociedad democrática.

Estos desafíos jurídico-penales, criminológicos, y cívicos, se acoplan a aquellos otros que presenta la enseñanza universitaria del Derecho en el siglo que corre. El impacto de las nuevas tecnologías en el aula y, especialmente, la omnipresencia de la información —a la mano del interesado, a través del smartphone o dispositivo electrónico de ocasión—, la sofisticación e interdisciplinariedad del conocimiento científico, un escenario global aceleradamente cambiante y a un ritmo creciente; sumado a la versatilidad y adaptabilidad flexible que han de ser capaces de desarrollar los profesionales que pretendan desempeñarse con éxito en el mundo futuro —para lo cual habrán de reinventarse más de una vez—, constituyen factores que no debieran ser desatendidos a la hora de diseñar métodos eficaces de enseñanza del Derecho.

Una conclusión –de las pocas en el área que no genera (gran) disenso— se me presenta innegable: el foco de atención primordial no puede colocarse en el docente, sino en el alumno: es este el protagonista del proceso de aprendizaje, no aquel.

De tal suerte, que en el tiempo actual, un curso académico centrado exclusivamente en la metodología de la clase magistral, no participativa, parece estar llamado indefectiblemente al fracaso. Y ello es así porque aún cuando no lo haga visible y estrepitosamente (por ejemplo, porque el discurso del docente-expositor sea bueno y logre la atención del alumnado), igualmente lo hará a la hora de la verdad. Los estudiantes no adquieren, por la vía de la mera escucha pasiva, las destrezas, habilidades y competencias que una formación universitaria de calidad debe lograr imprimir en sus educandos.

El retorno reflexivo al método del caso (cuyo origen específicamente en materia jurídica nada tiene de vanguardista, sino que se remonta a la Roma antigua) y el empleo de otras metodologías activas emergen como alternativas particularmente atractivas para quien pretenda, además de dictar clase, formar profesionales verdaderamente competentes. O incluso mejor, para quien procure estimular y guiar a los propios estudiantes para que sean ellos mismos los que se conviertan en tales.

 

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