Noticias falsas: es más peligrosa una ley que el fenómeno que pretende combatir

Noticias falsas: es más peligrosa una ley que el fenómeno que pretende combatir

Por Tomás Linn, profesor de Periodismo de la Licenciatura en Comunicación


Si hay algo más peligroso que las noticias falsas (fake news) que circulan con asombrosa facilidad por las redes, y que tanta gente toma como ciertas, es una ley que castigue su difusión. No importa cómo se diseñe una ley de este tipo, inevitablemente será usada con arbitrariedad y terminará siendo un flagrante ataque a la libertad de expresión. No solo sería malo que un proyecto así se apruebe, sino que debería preocupar el solo hecho de que alguien lo considere posible.

El senador Marcos Otheguy, del Frente Amplio, propuso a fines de octubre debatir un proyecto de ley que establezca como delito electoral a las noticias falsas difundidas a través de las redes sociales. Así argumenta en su exposición de motivos: “Si las futuras contiendas electorales pueden ser definidas por estrategias de empresas que inescrupulosamente despliegan campañas de desinformación, se estaría provocando un profundo daño a la política, a los partidos políticos, a la democracia y al Estado de Derecho”. Propone, entonces, penar con dos a cuatro años de penitenciaría a quienes difundan noticias falsas a través de plataformas digitales.

Las noticias falsas están elaboradas con información inventada y con el deliberado intento de dañar a personas o instituciones, pero ellas suelen contener algunos datos ciertos para que parezcan veraces. Determinar entonces que algunas de estas noticias son falsas no es tan sencillo y dará lugar a arbitrariedades más graves que las que se pretenden combatir. ¿Qué fundamentos se usarán para determinar la falsedad de una noticia y con qué criterios se determinará la sanción que corresponde?

Hasta ahora, la mentira ha sido siempre considerada un pecado —más o menos grave, según su dimensión— pero no un delito, a no ser que ella se diga bajo juramento ante un tribunal y se cometa perjurio. Hay, por cierto, normas que intentan proteger a los afectados. Se trata de las que van contra el libelo, la calumnia, la difamación y la injuria. Se desarrolló, además, el sofisticado concepto de la “real malicia” o “ausencia de malicia” para garantizar la libertad de prensa y de expresión. Mucha de esa jurisprudencia, en Uruguay y en el mundo, está inspirada en el clásico texto filósofico de John Stuart Mill, Sobre la libertad.

No es fácil combatir la mentira sin afectar esa libertad, y por eso el fenómeno de las noticias falsas, tan extendido a través de las redes, genera genuina preocupación. Existe deliberada y muy mala intención entre quienes crean estos bolazos tan dañinos, y en algunos casos existe igual malicia entre quienes los recogen y los multiplican. Pero también hay mucha ingenuidad entre algunos de los que toman estas versiones, las creen ciertas y las vuelven a reproducir. ¿Cómo hace un juez para determinar ante qué caso se está?

La libertad de expresión, la posibilidad de que la gente pueda decir lo que quiera y donde quiera, sin duda implica riesgos. Una y otra vez las sociedades libres se adaptan a estas amenazas y saben convivir con esos riesgos, sin inventar fórmulas que repriman la posibilidad y el derecho que cualquier persona tiene de enviar un mensaje, sea cierto o no. Maduran y aprenden a discriminar lo verdadero de la mentira y, si no lo logran, aprenden a aceptar los riesgos que ello implica.

El proyecto, en caso de convertirse en ley, terminará siendo un grave cercenamiento a esa libertad. Por lo tanto, sus consecuencias serán más peligrosas que la sola existencia de este peculiar fenómeno. Una ley así no puede pasar.