Novedades legislativas con repercusiones en el Derecho Comercial

Novedades legislativas con repercusiones en el Derecho Comercial

Lunes, febrero 18, 2019

Columna de la Dra. Cristina Herdt*

Son numerosas las innovaciones legislativas de los últimos años con consecuencias directas en el ámbito del derecho comercial. Una de ellas con directa incidencia son las modificaciones introducidas por el capítulo II) de la Ley Nº 19.484 de Transparencia Fiscal. 

La Ley número 19.484, Capítulo II, impone la obligación de identificar al beneficiario final y a los titulares de participaciones nominativas o escriturales, para llegar a la persona física que efectivamente es titular de la participación societaria. El artículo 22 define qué es el beneficiario final y, por lo tanto, qué es lo que debe informarse. Concretamente, establece que el beneficiario final es una persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad. Quiere decir que tiene que poseer el 15 % o más del capital accionario para que la información deba ser suministrada. Los obligados a identificar son las entidades residentes y no residentes que actúen en el territorio nacional a través de establecimientos permanentes o que radiquen su dirección efectiva en el país; es decir, todas las sociedades residentes y no residentes, a través de establecimientos permanentes o con dirección efectiva deberán informar quiénes son los beneficiarios finales. Esto está establecido en los artículos 22, 23 y 24.

Los obligados, o sea las entidades, deberán comunicar al Registro que lleva el BCU mediante una nueva declaración jurada, cualquier cambio que ocurriera con relación a la información registrada, dentro de los 30 días de verificada la modificación. Dicho plazo será de 90 días en el caso de que los beneficiarios finales sean no residentes.

Queda exceptuada la modificación del valor nominal que no altere el porcentaje de participación. 

La información deberá ser registrada ante el Banco Central del Uruguay. Allí deberá informarse quiénes son los beneficiarios finales, su nombre, el porcentaje de participación, quiénes ejercen el control final y toda la cadena de titularidad, es decir, desde una sociedad inicial, cuál es toda la cadena hasta llegar a la persona física y en qué porcentaje se tiene esa información. También deberá informarse la participación patrimonial nominativa o escritural.

Están obligadas a informar: las entidades. La ley incluye como entidad a:

  • las personas jurídicas: es decir las sociedades comerciales, las Fundaciones, los grupos de interés económico, etc. El Decreto enumera a modo enunciativo, no taxativo a: las sociedades anónimas, en comandita por acciones, sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley No. 17.777 de 21 de mayo de 2004, las sociedades de hecho, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria, cooperativas, Fundaciones, Grupos de Interés Económico, sociedades y asociaciones civiles
  • los fideicomisos 
  • los fondos de inversión o
  • cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica

Están incluidas en la obligación de informar las entidades en liquidación, salvo las entidades disueltas de pleno derecho por la Ley No. 19.288. Las sociedades en liquidación están obligadas a informar hasta tanto no hayan presentado la clausura por cese de actividades ante la DGI y hayan:

a)declarado la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación de la totalidad del activo remanente a los accionistas, socios o titulares de participaciones patrimoniales, por reembolso de capital,

b)la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos representativos de participaciones patrimoniales;

c)la identificación del liquidador o administrador.

Están excluidas de este tipo de controles, las sociedades que cotizan en bolsa de valores, determinados fondos de inversión u otro tipo de sociedades de bajo riesgo en materia de lavado de activos y evasión tributaria que establezca el Poder Ejecutivo. Están exceptuadas de informar las sociedades personales o agrarias que pertenezcan a personas físicas que sean sus beneficiarios finales -por ejemplo, las cooperativas agrarias- o sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas que, a su vez, sean los beneficiarios finales. Cuando estamos hablando de sociedades de personas físicas, cuya integración es pública, no será necesario suministrar la información.

Se establece el secreto de la información. Se aclara que a dicha información podrá acceder la Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, los juzgados penales, la Junta de Transparencia y otros organismos que cuenten con autorización expresa de los titulares de la información. 

El Registro es llevado por el Banco Central. La Auditoría Interna de la Nación tiene los deberes de fiscalización y sanción.

Se establecen sanciones para quienes no cumplan con la obligación de registrar la información en este registro, la cual es análoga a las sanciones que están establecidas para el registro de accionistas titulares de acciones al portador (Ley 18.930). Las sanciones por el incumplimiento a la obligación de comunicar y/o de conservar la información respaldante son varias:

  • sanción pecuniaria a la entidad y a sus representantes
  • prohibición de distribuir utilidades
  • la suspensión del certificado único 
  • eventualmente una multa por la utilización de formas jurídicas inadecuadas 
  • la prohibición o impedimento de inscripción de actos y negocios jurídicos en los Registros Públicos. 

El artículo 32 establece que la multa establecida a la entidad incumplidora es sin perjuicio de la responsabilidad de los representantes legales y voluntarios de la entidad, es decir, hay una doble responsabilidad y no surge subsidiaridad. 

Las entidades no podrán pagar utilidades ni dividendos, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de similar naturaleza realizada a los titulares o beneficiarios respecto a los cuales no se hubiera cumplido con la obligación de identificar a los beneficiarios finales, por la cuota parte correspondiente. 

Las nuevas entidades que se constituyan deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada dentro del plazo de 30 días a partir de la efectiva formalización de la entidad o de los supuestos por los cuales devinieran obligadas.

Cristina Herdt es profesora de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

* Las opiniones expresadas en el presente artículo son de responsabilidad exclusiva de su(s) autor(a)(es). Por permitir su publicación la Universidad Católica del Uruguay no necesariamente comparte lo allí expuesto

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