Principales modificaciones al Derecho procesal

Principales modificaciones al Derecho procesal

Martes, febrero 12, 2019

Columna del Dr. Gabriel Valentín*

En los últimos años el Derecho Procesal nacional ha tenido relevantes transformaciones. 

Para mencionar algunas de las principales, en el plano del proceso civil, el 14 de junio de 2013 se aprobó la ley 19.090, que introdujo varias modificaciones al Código General del Proceso, para actualizarlo, solucionar problemas interpretativos del texto anterior e introducir modificaciones dirigidas a obtener una tutela jurisdiccional efectiva.

En el ámbito del proceso penal, el 1 de noviembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que sustituye al anterior Código del Proceso Penal aprobado por el decreto - ley 15.032, de 7 de julio de 1980, vigente desde el 1 de enero de 1981. El nuevo Código fue aprobado por la ley 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y sucesivamente modificado por las leyes 19.436 de 23 de setiembre de 2016, 19.474 de 30 de diciembre de 2016, 19.510 y 19.511 de 14 de julio de 2017, 19.544 de 20 de octubre de 2017, 19.549 de 25 de octubre de 2017, 19.587 de 28 de diciembre de 2017, 19.653 de 17 de agosto de 2018, 19.670 de 15 de octubre de 2018, y 19.679 de 26 de octubre de 2018. A su vez se aprobó la ley 19.334, de 14 de agosto de 2015, creó la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, y la ley 19.483, de 5 de enero de 2017, conocida como “Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación” (también modificada parcialmente por la ley 19.549). Finalmente, debe tenerse presente la ley complementaria 19.446, de 28 de octubre de 2016, parcialmente derogada por el nuevo CPP. 

En cuanto a los procesos de adolescentes a los que se imputan infracciones, se consagraron nuevas soluciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por ley 17.823, de 7 de setiembre de 2004, luego modificado por las leyes 18.777 y 18.778 de 11 de agosto de 2011 y 19.055, de 4 de febrero de 2013. 

Para el proceso laboral la ley 17.940, de 2 de enero de 2006, consagró soluciones procesales para las pretensiones de protección contra actos antisindicales; y luego se aprobó la ley 18.572, de 13 de setiembre de 2009, luego modificada por la ley 18.847, de 25 de noviembre de 2011, que consagraron diversas soluciones para las pretensiones de la materia laboral.

En el ámbito de los procesos constitucionales se aprobaron las leyes 18.331, de 11 de agosto de 2008, y 18.381, de 17 de agosto de 2008, que regularon los procesos de habeas data y acceso a la información pública.

En el caso de los procesos de familia, la ley 17.514, de 2 de julio de 2002, consagró soluciones procesales referidas a la violencia doméstica, y más recientemente la ley 19.580, de 22 de diciembre de 2017, previó soluciones para la violencia contra las mujeres basada en género; el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por ley 17.823, de 7 de setiembre de 2004, introdujo varias normas procesales para las pretensiones referidas a niños, niñas y adolescentes; la ley 18.246, de 27 de diciembre de 2007, consagró soluciones procesales para pretensiones referidas a relaciones concubinarias; la ley 18.590, de 18 de setiembre de 2009, y luego la ley 19.092, de 17 de junio de 2013, reguló el proceso de adopción; la ley 18.620, de 25 de octubre de 2009, reguló el proceso de adecuación de las menciones registrales de nombre o sexo cuando difieren de la identidad de género; la ley 18.895, de 11 de abril de 2012, reguló el proceso de restitución internacional de menores y visitas; etc.

Los procesos aduaneros fueron regulados por el nuevo Código Aduanero, aprobado por la ley 19.276, de 19 de setiembre de 2014.

Finalmente, en el caso del proceso arbitral puede mencionarse la ley 19.636, de 13 de julio de 2018, conocida como “Ley de Arbitraje Comercial Internacional”.

Todas estas modificaciones, y otras que no mencionamos para no extender en demasía esta columna, cambiaron significativamente la fisonomía del Derecho Procesal de nuestro país. 

Gabriel Valentín es profesor del Departamento de Derecho Público y director de la Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica del Uruguay. Es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal, por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

* Las opiniones expresadas en el presente artículo son de responsabilidad exclusiva de su(s) autor(a)(es). Por permitir su publicación la Universidad Católica del Uruguay no necesariamente comparte lo allí expuesto

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